Los escorpiones se suicidan con su propio aguijón.

No puedo reprimir el deseo de dar a conocer a los lectores que se dignan asomarse a mi modesto Blog, la opinión que me merecen los decimonónicos sindicatos que pretenden representar a la clase obrera en la actualidad crispante de nuestro sufrido país, mediante la odiosa acción de pegar y cortar. La cuestión es que, leyendo el diario que me ha proporcionado la información adjunta, ha coincidido, exactamente, su postulado, con los criterios y la acepción que me suscitan las citadas organizaciones sindicales, o mejor dicho, los sindicalistas de turno.
Y, como no le quito ni le añado ni un punto ni una coma, me van a permitir que les traslade el artículo tal cual aparece en el descrito medio:

“Con esta expresión desabrida se manifestó Cándido Méndez ante la asamblea de UGT delatando la crispación que anidaba en los jefes sindicales con motivo del llamado decretazo de Zapatero para ajustar el déficit. La cuestión es que los sindicatos, con su inveterado ombliguismo, siempre parecen estar en un estado de ánimo alterado -de mala leche- y con una actitud adusta –cabreados-, y cuando alguien les recuerda -como hizo José Luis Feito, presidente de Economía de la CEOE- que amenazar con una huelga general era una actitud “infantil, inmadura y absurda”, le insultan a lo bestia: Feito no sería otra cosa, según Méndez, que “un sicario”, es decir, “un asesino a sueldo”, tal y como se encargó de subrayar el secretario general de la UGT.

Con estos dirigentes sindicales la huelga general estaría prácticamente asegurada cuando el Consejo de Ministros apruebe el 16 de junio, forzado por la cumbre de mandatarios de la UE del día siguiente, una reforma laboral que, según Zapatero, abordará “aspectos esenciales de nuestro mercado de trabajo”. Y ojalá así sea, porque el Fondo Monetario Internacional ha advertido ya que esa reforma debe ser “radical” y, además, “urgente”. Contestarla con una huelga general por parte de UGT y CCOO va a ser muy arriesgado para su futuro. En el llamado “invierno del descontento” en el Reino Unido (1978-79) las Trade Unions -los sindicatos británicos- acosaron al primer ministro laborista James Callaghan con una oleada de huelgas que la opinión pública no entendió.

Y Margaret Thatcher tomó nota de la incomprensión popular hacia los sindicatos y, durante los años ochenta, se encargó, primero, de alentar las contradicciones internas que eran abundantes entre ellos; después, de hacerles sufrir con la financiación y, por últimos, situarlos en el lugar que les correspondía. Desde entonces, el sindicalismo británico, el más poderoso de Europa, no ha levantado cabeza.

Las Centrales Sindicales en España forman parte de la nomenclatura del poder como en ningún otro país de nuestro entorno. No son financieramente autosuficientes porque dependen de las subvenciones del Estado; se comportan en muchas ocasiones como meras correas de transmisión de los intereses de la izquierda más extrema -véase su asistencia a los actos de la Complutense que explotaron en un antifranquismo anacrónico en la sedicente defensa de Baltasar Garzón- y siempre de la opciones electorales del PSOE y de IU (en la periferia de Batasuna y los grupos más radicales del nacionalismo vasco con LAB y ELA). En fin, se han constituido en el residuo más retrógrado al ampararse en una legislación procedente del antiguo régimen cuyas reformas -hayan sido las de González o las de Aznar- han burlado mediante los mecanismos de la negociación colectiva y el amparo de la paternalista y fosilizada jurisdicción laboral.

Injerencia en la vida política
Los sindicatos y las asociaciones empresariales “contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios” según el artículo 7º de la Constitución, pero carecen de legitimidad alguna para alzarse con representatividad política y, menos aún, para condicionar la libérrima acción del Congreso de los Diputados, soberano para aprobar una reforma laboral a propuesta del Gobierno, después de meses y meses de dilaciones debidas a su oposición a cualquier modificación del estatu quo que nos ha llevado, con otras causas, a un 20% de desempleo, el más alto de Europa. Estos sindicatos -que tratan de rentabilizar, creo que confundiéndose gravemente, la primavera del descontento que vivimos- defienden los derechos de los que ya tienen empleo y seguridades, y rechazan reformas que posibiliten, con mayor flexibilidad, la creación de puestos de trabajo.

UGT y CC OO tienen por norma imponer su “mala leche y su cabreo” a todos los Gobiernos y a todos sus presidentes. Atizaron huelgas a González (1994) y a Aznar (2002) logrando en ambos casos que decayesen las muy modestas reformas que introdujeron. Ahora creen que las condiciones son similares para avasallar a un Zapatero con el que han trabajado en alegre y cómplice camaradería. Pero hay dos diferencias muy importantes: la primera es que la sociedad española -también de mala leche y cabreada- percibe con nitidez la necesidad de la reforma del mercado de trabajo y la desea para aliviarse del fortísimo desempleo que le aqueja; la segunda, es que Zapatero no aborda esta reforma por su deseo o convicción, sino mandatado con “urgencia y radicalidad” por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, de tal manera que actúa sin margen, porque el escenario socio-económico español está intervenido por las instancias comunitarias y por Alemania, situación a la que ha llegado por sus inmensos y continuados errores de los que son partícipes, precisamente, las Centrales Sindicales.
Cuídense UGT y CC OO de repetir el desastroso desafío que en los finales de los años setenta protagonizaron las Trade Unions británicas porque si lo hacen y, en plena recesión, introducen al país en una huelga general al estilo tercermundista quizás estén escribiendo un epitafio que se demora en exceso en nuestra democracia. Méndez y Toxo debería olfatear que su forma de estar en la política y la sociedad española; el modo de relacionarse con ella -expresiones como la del secretario general de UGT que encabezan esta crónica son muy ilustrativas al respecto- y los procedimientos con los que tratan de contrarrestar los legítimos mandatos del Gobierno y del Congreso, están fuera de la realidad de una España que deambula bajo la atenta mirada de la Unión Europea y sometida a la presión de unos mercados que requieren, no sólo legislaciones laborales flexibles y acordes con los tiempos, sino también sindicatos actualizados que abandonen de una vez el radicalismo izquierdista de los años sesenta y levanten su hermética fiscalización sobre trabajadores y empresarios. Y si no lo hacen por las buenas, terminarán haciéndolo por las malas. Como en el Reino Unido en la década de los ochenta. Por mucha mala leche que les cante o por muy cabreados que estén.”